Pero el 1 de Enero del 2008 entró en vigencia la segunda fase del Protocolo de Kioto. Bruscamente, desde ese día, había que pagar por las emisiones de CO2 más de 20 euros por tonelada. Las compañías eléctricas decidieron prescindir del carbón y utilizar más gas, ya que emite la mitad de CO2 que el que emite el carbón por cada kWh producido. Se redujeron drásticamente las importaciones y también el uso del carbón nacional.
Ahora tenemos un problema. Sobra el carbón que se produce en las minas de España. Hay más de 10 millones de toneladas de carbón almacenado y sigue aumentando el stock. Es una contradicción de la que apenas nadie quiere hablar. Se extrae carbón y no se utiliza.
Las últimas noticias no son muy alentadoras para los mineros españoles, que ven como dentro de unos años deberán de dedicarse a otra cosa, puesto que la extracción de carbón en España no es rentable.
La Comisión Europeo autoriza a España a subvencionar la extracción de carbón.
El plan español obliga a una decena de centrales térmicas a quemar carbón nacional y, a cambio, les compensa con un precio fijo y con la garantía de colocación de la electricidad producida. El Gobierno ha justificado estas ayudas por la necesidad de garantizar la seguridad de suministro.
